Pese a los avances, persisten vulneraciones a los derechos humanos en la región. El desarrollo de instituciones, mecanismos y políticas en las últimas décadas no ha sido suficiente para proteger a los grupos más vulnerables, como son los pueblos y nacionalidades indígenas, las mujeres y los niños y niñas. La reducción de la desigualdad que había experimentado América Latina y el Caribe a principios de la década de los 2000, se ha estancado (IDH, 2021). Los países de la región tienen niveles de desigualdad más altos que los de otras regiones con niveles de desarrollo económico similares. La pobreza y la desigualdad afectan a la dignidad humana, y suponen un elemento para la radicalización de los conflictos sociales.

Según el Barómetro de las Américas, durante 2019 uno de cada diez ciudadanos salió a las calles a protestar en la región. El común denominador de los estallidos más recientes ha sido la expresión de un malestar social acumulado, expresando un descontento con el estatus quo social, económico y/o político, con respecto a la discriminación o violencia en la esfera social; de la distribución y ejercicio del poder político incluyendo el funcionamiento de las instituciones y de la representación política; y de la distribución de recursos, en particular cuestionando las desigualdades, los privilegios y la distribución del bienestar (CEPAL y AECID, 2021).

La Defensoría del Pueblo de Colombia registró en el primer cuatrimestre de 2023 un incremento del 41% en los conflictos sociales respecto a 2022. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, entre 2021 y 2022 los bloqueos al sector extractivo se incrementaron en un 36%. En el marco de esta conflictividad, según Indepaz, 712 personas líderes y lideresas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas desde la firma del acuerdo de paz. En el caso peruano, la minería encabeza los conflictos sociales en el país, registrando un incremento de estos conflictos respecto a 2022, y especialmente incrementando el número de protestas violentas vinculados a la minería. Sumado a esto ha habido un incremento del 47,5% en el número de movilizaciones y bloqueos de vías en Perú en comparación con el año anterior. Según Ojo Público, de 47 proyectos de inversión minera en cartera para 2023 (Minem), 22 tienen conflictos sociales activos, latentes o antecedentes de conflictividad, y 11 de éstos han tenido que retrasar el inicio de sus operaciones.

Aunque muchos de estos conflictos se asientan sobre, en apariencia, causas coyunturales, vinculadas con el incumplimiento de acuerdos o de mayor inversión en las comunidades, una gran parte de esta conflictividad alerta sobre brechas y necesidades insatisfechas que apelan directamente al Estado, en su mayoría ausente en estos territorios, y sus políticas, y la necesidad de generar un modelo de desarrollo más sostenible e incluyente.

La capacidad de procesar los conflictos de forma pacífica es uno de los elementos habilitadores más importantes de la cohesión social. Para ello, es necesario contar con instituciones que tengan una alta capacidad de canalizar dicho proceso. La intervención en los conflictos sociales de las Defensorías del Pueblo, a partir de la generación de mecanismos de diálogo y consulta con los sectores más vulnerables, constituye un instrumento para avanzar hacia la paz y cohesión social.

Las Defensorías del Pueblo han reflexionado ampliamente sobre su rol en los conflictos sociales, en espacios regionales como el de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Los mecanismos que tienen para gestionar e intervenir en los conflictos sociales son diversos, ya que algunos países no tienen metodologías y actúan desde la experiencia y otros cuentan con protocolos y sistemas de información para sistematizar y hacer seguimiento a los logros de la intervención (FIO, 2017).

El Ombudsperson puede asumir distintos roles en su intervención en los conflictos sociales, así como a sus mandatos institucionales. En la fase de prevención, estas instituciones cuentan con sistemas de alerta temprana y monitoreo, acompañan la protesta social, sensibilizan a los actores sociales y manejan los riesgos de represalias. Para la gestión, promueven el desarrollo de mesas de diálogo, y articulan la defensa legal, la intermediación defensorial y el manejo de crisis. En la fase de transformación, promueven el cumplimiento de los acuerdos de las mesas de diálogo e iniciativas legislativas, la educación para la paz, y generan investigaciones e informes. A su vez, de forma transversal, las Defensorías reciben y procesan quejas y reclamos y pueden investigar cualquier violación a los derechos humanos. Estas instituciones son vitales para dar respuesta a los crecientes conflictos sociales asociados al sector minero y generar una cultura de paz y diálogo.

De forma creciente, algunas Defensorías del Pueblo de la región se han ido posicionando en temáticas vinculadas con el marco de empresas y derechos humanos en contextos mineros, haciendo seguimiento a la implementación de los Planes Nacionales de Acción, desarrollando guías como las de La Defensoría del Pueblo de Colombia sobre debida diligencia en derechos humanos, o emitiendo recomendaciones sobre las evaluaciones de impacto ambiental. Los sistemas de evaluación ambiental en la región son una herramienta preventiva de gran relevancia, pero cuentan con algunas debilidades estructurales. En el caso peruano la Defensoría del Pueblo ha emitido varios análisis y recomendaciones en relación con el caso Las Bambas sobre participación ciudadana y la vulneración del derecho a la consulta previa.

La Defensoría del Pueblo de Perú ha posicionado en la agenda pública la importancia de generar mecanismos formales de gestión del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo y se encuentra desarrollando una herramienta de evaluación de conflictos. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha sustentado e impulsando el proyecto de ley de consulta previa y la Defensoría del Pueblo de Colombia cuenta con uno de los sistemas más avanzados y eficientes de alerta tempranas (SART) de la región. Estas herramientas son fundamentales para la detención temprana y monitoreo de los conflictos sociales y socioambientales asociados al sector, lo cual permite generar registros para desarrollar análisis sobre la materia, a través de Observatorios, por ejemplo, como es el caso de la Defensoría de Colombia, a través de su Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, o el desarrollo de informes defensoriales temáticos, como uno en desarrollo sobre los conflictos sociales asociados al sector minero energético.