El 4 de septiembre se llevó a cabo en el marco de la Cuarta Consulta Regional sobre Derechos Humanos y Empresas para América Latina y el Caribe organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, un evento paralelo sobre la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación ambiental de los proyectos mineros.

El evento fue organizado conjuntamente por la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL), mediante su División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, y la GIZ en el marco de las actividades del Programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los países andinos y el apoyo que brinda el Programa al Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas en contextos mineros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y a la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE).

El evento contó con la participación de la señora Denia Zuleta, de la Defensoría del Pueblo de Colombia, de la señora Tania García de la Defensoría del Pueblo de Perú, de la señora Flavia Liberona de la Fundación Terram de Chile, en representación de RLIE y la señora Soledad García, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un panel moderado por el Señor Andrés Napoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La Defensoría del Pueblo de Colombia, en su calidad de coordinador del Grupo Temático de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) sobre derechos humanos y empresas, presentó de forma preliminar las recomendaciones consensuadas en la sesión de trabajo de los días previos 2 y 3 de septiembre titulado “Sesión de Trabajo Grupo FIO/CEPAL/GIZ: La inclusión del enfoque basado en derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental” llevado a cabo en CEPAL conjuntamente entre GIZ y CEPAL.

De igual forma, Flavia Liberona expuso la situación crítica de la sociedad civil en los procesos de licenciamiento ambiental mediante el caso de Chile, y reclamó la importancia de una mayor, efectiva y real participación ciudadana en estos procesos decisivos para el futuro ambiental de los países de la región. En el caso de la Defensoría del Pueblo de Perú se expusieron los graves impactos ambientales y sociales generados por la actividad extractiva que deben ser prevenidos y mitigados para reducir la actual conflictividad socioambiental en el país, profundizando los avances que ha venido realizando Perú en la materia. Todos los panelistas recalcaron la vital importancia de que los Estados ratifiquen el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como el Acuerdo de Escazú).

La sesión paralela sirvió como un valioso insumo en la materia para la Cuarta Consulta Regional y supuso un espacio de fortalecimiento de los lazos entre las Defensorías del Pueblo y diversas organizaciones de la sociedad civil en torno a las industrias extractivas. Igualmente, la valiosa presencia de la Relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos generó instancias de trabajo conjunto debido a las sinergias entre el trabajo llevado a cabo en el marco del Grupo Temático sobre derechos humanos y empresas de FIO y la CIDH en el futuro próximo.