El documento “Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros” ha sido elaborado por el Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) con el apoyo de la CEPAL y la GIZ en el marco de las actividades del Programa MinSus.

El Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas de la FIO incluye 10 Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDHs) y Defensorías del Pueblo de América Latina y el Caribe. Las INDHs son instituciones fundamentales en la región a través de su trabajo de monitoreo de la situación de los derechos humanos en todo el territorio de su competencia; proporcionan consejo a los gobiernos para que las leyes y políticas reflejen los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos; emiten recomendaciones en la materia; proveen programas de educación; generan conciencia sobre la promoción de los derechos humanos; proveen asistencia legal; prestan apoyo a las personas para que hagan valer sus derechos mediante la tramitación de denuncias; y, son un mecanismo clave de acceso a reclamos para toda la ciudadanía, entre otros roles que desempeñan.

El documento es el resultado de año y medio de trabajo colaborativo y en red entre las INDHs, levantando información relativa al trabajo que realizan estas instituciones en relación con el sector minero en sus países y las evaluaciones de impacto ambiental. El proceso de evaluación de impacto ambiental es un instrumento que permite aplicar el principio preventivo y que aporta a la protección del medio ambiente. Sin embargo, tradicionalmente no se ha contemplado de forma explícita el enfoque de derechos humanos. El enfoque basado en DDHH, sustentado en las normas internacionales y principios de derechos humanos, implica prestar atención a la evaluación de los resultados y procesos; focalizar la atención en los grupos de riesgo; fortalecer la participación; considerar las particularidades de los territorios; reforzar la transparencia y buscar resultados sostenidos. El documento recoge recomendaciones para incorporar este enfoque en las EIA, tanto para Estados como para empresas, en materia de: acceso a la información, acceso a la participación pública y en relación a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tribales.

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