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Incremento de la conflictividad en la minería en la región andina: ¿Cómo podemos abordar el conflicto?

By 27 julio, 2022 No Comments

Por Cristina Muñoz, asesora técnica del programa MinSus, de la GIZ

Miércoles 27 de julio del 2022

El Informe Latinobarómetro (2021) recalcó el incremento del sentir generalizado en la región de la precepción de injusticia en el acceso a la educación, la justicia y la salud en base al incremento de las tasas de pobreza y la desigualdad. Esto explica, en parte, el descenso en el apoyo a la democracia del 63% al 49%, en donde el 73% opina que se gobierna para los intereses de unos pocos. No extraña entonces que la confianza en América Latina sea menor que en cualquier otra parte del mundo (BID, 2022). Esto supone un gran problema, debido a que la desconfianza reduce el crecimiento y la innovación, distorsiona la toma de decisiones democrática, impide una mayor exigencia de los ciudadanos de mejores servicios públicos e infraestructura y la rendición de cuentas.

Junto al contexto estructural, se suma la coyuntura política interna de los gobiernos de la región, el aumento de la inflación y la desaceleración de la economía mundial, consecuencia de la guerra en Ucrania y la disrupción de las cadenas de suministro. El impacto de esta coyuntura se siente en los precios de los alimentos y los combustibles. El Índice de precios de alimentos de la FAO, alcanzó en marzo 2022 un alto histórico y aún se mantiene 30% por encima de los niveles de mayo del 2021.

Todos estos datos e indicadores, los cuales impactan en mayor medida a los más vulnerables, establecen el contexto que explica las olas de protestas, las crecientes movilizaciones y el aumento generalizado de la conflictividad.

A menudo se definen los conflictos sociales como fenómenos complejos. Pero ¿qué implica esta complejidad? Los conflictos son un mecanismo de reclamo de derechos y una forma de expresión social. El conflicto debe ser visto como una respuesta a demandas que plantea la población que no son correctamente abordadas y prevalecen como insatisfechas. Suponen, por tanto, una crítica al funcionamiento del Estado y del sistema económico, aunque no necesariamente apuntan a un deseo de su sustitución o eliminación, sino que apuntan a su perfeccionamiento, al ser demandas pragmáticas que buscan obtener resultados, mejoras de vida e igualdad.

En el sector minero, según el EJAtlas, América Latina y el Caribe es la región con más conflictividad asociada a la minería del mundo, con aproximadamente 324 conflictos. OCMAL monitorea 289 conflictos y OLCA 101 casos, algunos activos y otros no. En el caso peruano, los datos de la Defensoría del Pueblo indican un claro aumento de la conflictividad social en los últimos años, pasando de 218 en 2020, a 250 en 2021 y 222 hasta la fecha en 2022.

Todos estos conflictos han tenido diversas manifestaciones, en forma de protestas, movilizaciones, paros, huelgas e inevitablemente, en algunos casos, violencia. Muchas veces estas manifestaciones se enfrentan con la represión, vulneraciones a los derechos humanos, la criminalización y la judicialización de la protesta, alimentando aún más el escalamiento de la conflictividad.

¿Por qué ocurren estos conflictos en el sector minero? Las causas son múltiples y tienen correlación con los ciclos de los commodities, la expansión de la frontera extractiva y los propios ciclos políticos. Los proyectos mineros se instalan en territorios con enormes brechas (de salud, educación, infraestructura) y necesidades insatisfechas (pobreza y desigualdad). El impacto de la actividad minera sobre el territorio y sobre el uso de los recursos naturales es innegable. La mayoría de los conflictos y reclamos registrados están vinculados principalmente por los impactos ambientales (especialmente en relación a los usos del agua y la contaminación), la gran brecha entre las expectativas, percepciones e incertidumbre de la población en relación con el nivel de empleo, el nivel de actividad de la empresa, y la recaudación de impuestos, la escasa participación ciudadana y el desarrollo inadecuado de la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas.

Algunos conflictos ponen de relieve la existencia de modelos de desarrollo y formas de vida aparentemente antagónicas, en donde el sector minero es percibido como una amenaza a las formas de vida tradicionales de las comunidades. A su vez, las comunidades han expresado una persistente desconfianza hacia el Estado y las instituciones de fiscalización, como demuestra la proliferación de esquemas alternativos como los monitoreos hídricos comunitarios.

Los conflictos generan altos costos, especialmente aquellos que escalan y alcanzan fases de violencia. Junto con la pérdida de vidas humanas, la elevada conflictividad social en Perú ha generado la paralización de algunas operaciones mineras relevantes como Las Bambas y Cuajone. Estas paralizaciones han generado cuantiosas pérdidas económicas y a nivel de inversiones, la caída en el ranking del Instituto Fraser supone una posible pérdida de competitividad como destino para la inversión minera, en últimas redundando en una menor inversión privada y con ello la generación de menos puestos de trabajo. Pero más allá de los costos económicos, a menudo citados, los costos sociales e institucionales son aún mayores, incluyendo la disminución del gasto público, impactos en la asimetría de información y costos en la salud, entre otros.

¿Cómo se aborda el conflicto social? El colapso generalizado del sistema judicial impulsó los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (conocidos como los MASC) los cuales han ido adquiriendo cada vez más relevancia e incluyen el diálogo, la mediación o la conciliación extrajudicial. La implementación de los espacios de diálogo son indispensables para evitar conflictos y generar paz social. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el diálogo se inicia después de un hecho de violencia y se articula de forma transaccional y no transformadora. Además, estos espacios de diálogo han ido perdiendo credibilidad con el tiempo debido al incumplimiento de los compromisos asumidos y también a los problemas de estructuración de dichos espacios (quiénes participarán y con qué reglas). Antes de intervenir en los conflictos para su gestión, necesitamos evaluarlo. Esta evaluación debe estar adaptada al contexto, realizada por alguien percibido como neutral, articulada en torno al recojo de información y un mapeo de actores exhaustivo, que permita evaluar las principales posiciones, intereses, necesidades y visiones de los actores involucrados y las dinámicas de poder.

El “malestar social” está en parte vinculado a variables socioeconómicas, por lo que se proyecta un incremento inminente en la conflictividad global. Esta conflictividad se verá agravada en la región debido a la ausencia de un sistema de prevención y gestión de conflictos sistemático por parte del Estado, lo cual impide el trabajo articulado entre los ministerios y las instancias gubernamentales (gobiernos locales, regionales y nacional). El Estado debe tener un enfoque y una perspectiva del conflicto que permita anticiparse y prever el conflicto y genere los canales institucionales por donde discurra la protesta. En este sentido, la participación es un componente esencial en la prevención y gestión del conflicto, y falta aún avanzar hacia incorporar un enfoque real de género e interculturalidad en estos espacios.