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Conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos en Perú: Desafíos y oportunidades

By 17 febrero, 2022 No Comments

Por Cristina Muñoz, asesora técnica MinSus

Jueves 17 de febrero del 2022

La minería ha sido durante décadas un motor esencial del crecimiento económico y el desarrollo del Perú. Sin embargo, su inadecuada gestión, la carencia de espacios y mecanismos de diálogo y consulta, y los impactos generados por esta actividad sobre la salud, el medioambiente y los derechos de las comunidades, ha generado múltiples conflictos sociales. Actualmente, el 65.9% de los 132 conflictos socioambientales registrados en el país están vinculados con el sector minero, de acuerdo al último Reporte de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo de Perú  , de enero de 2022.

El último informe defensorial analiza 4258 acuerdos provenientes de 20 procesos de diálogo desarrollados entre 2012 y 2019, ahondando los desafíos y las complejidades que genera el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo en el país.

Desde hace 15 años, el diálogo ha ganado protagonismo en el país andino como mecanismo de resolución de conflictos. Sin embargo, el diálogo es a menudo cuestionado por actos violentos, respuestas tardías, actitudes intransigentes, falta de capacidad técnica para abordar los problemas, ausencia de una mirada intercultural y, sobre todo, por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo. Según la Presidencia del Consejo de Ministros, el 54.5% de los compromisos asumidos en los espacios de diálogo están pendientes de cumplimiento, siendo un 79.9% responsabilidad de las entidades del Estado, frente al 18.7% de las empresas privadas (Reporte Willaqniki N°12, 2019). Este incumplimiento provoca el resurgimiento de la protesta y el deterioro de la relación entre el gobierno y la sociedad.

Entre las principales conclusiones del estudio, destacan que:

  • Gran parte de las soluciones planteadas en los procesos de diálogo atienden a los recursos financieros, humanos y logísticos necesarios para su cumplimiento. Por ello, los acuerdos finales más frecuentes se refieren al financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública, el acceso o mejoramiento de servicios públicos y la entrega de dinero por compensación o indemnización.
  • En el proceso de diálogo se presentan problemas cuando los acuerdos involucran un componente presupuestario; por la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales, la rotación de personal y la falta de información para el monitoreo, entre otros.
  • En el 57.7% de los acuerdos identificados no se precisó ningún tipo de plazo para su cumplimiento y solo en un 13% de los casos analizados se designó a una entidad responsable para el seguimiento, reforzando la idea de que la firma de los acuerdos por las partes no garantiza su cumplimiento.

Algunas características clave de estos mecanismos, son, por ejemplo, que los acuerdos crean una sensación de justicia, de restablecimiento de la tranquilidad social, y una alta expectativa de cumplimiento en vista del esfuerzo invertido en el proceso de diálogo. Sin embargo, los términos de los acuerdos no son siempre percibidos de manera equitativa por los actores parte del proceso, debido a que existen diferencias sociales y culturales que dificultan una comprensión compartida sobre el cumplimiento del acuerdo.

El contexto actual es favorable. En 2021 se aprobó en Perú el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, el que supone una herramienta para incorporar el enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas de manera transversal y promover una alianza estratégica con el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil. Este Plan supone una oportunidad para proteger los derechos humanos y a los grupos más vulnerables, como son los pueblos indígenas, reconociendo la importancia de formular una propuesta para el fortalecimiento de la implementación de la consulta previa.

Lo anterior, sumado a las aspiraciones del país de convertirse en miembro de la OCDE, hace favorable el necesario desarrollo de políticas y marcos regulatorios en materia de transparencia y de acceso a la información, participación comunitaria en la toma de decisiones, y mecanismos de reclamo, reparación y no repetición, entre otros factores subyacentes a la elevada conflictividad asociada al sector extractivo.

En este escenario, y para garantizar un proceso exitoso, resulta imperante desarrollar en Perú un instrumento normativo y una política pública de prevención, gestión y transformación de conflictos sociales del Estado; desarrollar capacidades de prevención y de promoción del diálogo es un aspecto clave en la respuesta de los gobiernos a los conflictos, los cuales deben resolver, pacificar, e introducir cambios duraderos; reforzar los mecanismos de participación de las comunidades y actores interesadas en la toma de decisiones del sector, a través del acceso a información clara sobre los impactos en los derechos humanos ocasionados; y reforzar la coordinación interinstitucional en materia minera entre la Oficina de Gestión de Compromisos Sociales del Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Defensoría del Pueblo.