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GIZ, CREER, BSR y ACNUDH organizan encuentro sobre acceso a reparación y mecanismos de reclamación de la industria minera en la región andina

By 7 octubre, 2021 No Comments

Viernes 8 de octubre del 2021

El evento se desarrolló de forma virtual en el marco del VI Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, y contó con expertos que analizaron los desafíos y oportunidades en la materia.

Siendo el sector minero uno de los más relevantes para el desarrollo de los países que conforman la región andina, el asegurar que tanto personas como comunidades que potencialmente puedan estar afectadas por esta actividad puedan acceder a mecanismos de reclamo, y con ello a una reparación efectiva, adquiere especial relevancia.

En ese contexto fue que se desarrolló el pasado 5 de octubre el encuentro “Acceso a reparación: reflexionando sobre los mecanismos de reclamo operacionales” organizado por GIZ, el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER), el Business for Social Responsibility (BSR) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el marco del VI Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe.

La instancia contó con la participación del asesor principal del programa MinSus GIZ, Nicolas Maennling; el Director de Estrategias de CREER, José Gómez; la Gerente de Energía, Extractivos y ESG de BSR, Mariana Riquelme, la Especialista en gestión social y derechos humanos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (SNMPE), Bettina Reyna; y el representante de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), Miguel Guimaraes.

Los principales desafíos

En la instancia se analizaron los mecanismos de reclamo operacionales en la región, en torno a su acceso, uso y efectividad, especialmente en un contexto de desconfianza en las relaciones empresa-Estado-comunidad, que pone en peligro el acceso a estos mecanismos. Asimismo, se identificaron algunos nudos críticos de estos mecanismos, entre los que se encuentran el proceso de cierre del reclamo y con ello el acceso efectivo a reparación, debido a demoras en los procedimientos y en el tipo de respuestas que se obtienen por parte de la empresa.

Algunos desafíos específicos en materia de reparación que fueron identificados desde las empresas son: la orientación sobre la reparación; la medición de la eficacia; el apoyo desde el liderazgo de la empresa; la gobernanza; el rol del Estado; la transparencia y divulgación en la información (es difícil estandarizar como las empresas enfocan la reparación); y el cambio de expectativas proveniente de las comunidades, el Estado y los consumidores).

Por otro lado y desde las comunidades se planteó la asimetría de poder entre las empresas y las comunidades y pueblos indígenas como un gran desafío, incluyendo específicamente el temor a las represalias, los problemas de acceso a la información y la preservación del anonimato.

Buenas prácticas y oportunidades a futuro

En la conversación se abordaron distintos casos de buenas prácticas en la materia, destacando el caso de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú la cual ha proporcionado a las empresas con una Guía para implementar un proceso de atención a Quejas y Reclamos Sociales (Pablo, esto se debe linkear : ) elaborado por el gremio en 2013. Está guía se encuentra, tras diversos procesos de consulta y a la luz de los nuevos estándares, en proceso de actualización, y abordará ahora, en su versión actualizada, con los temas de género, derechos humanos e interculturalidad.

El encuentro permitió a su vez identificar que los mecanismos de reclamo operacionales deben ser un componente más dentro de la estrategia de relacionamiento social y de derechos humanos de la empresa, y no el único elemento de comunicación y diálogo con la comunidad. Resulta aquí imprescindible que existan canales de diálogo y participación ciudadana constantes entre comunidad y empresa, especialmente con miras a fortalecer la confianza y legitimidad hacia los mecanismos operacionales para su acceso y uso por parte de las comunidades impactadas, y debe ser un mecanismo relevante y transversal para toda la empresa.

A su vez, estos mecanismos operacionales no pueden estar nunca aislados de los mecanismos estatales, judiciales y no judiciales, donde el Estado juega un rol clave en proporcionar un ambiente favorable para que el mecanismo operacional funcione a escala local y cumpla con los criterios del Principio 31 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Estos mecanismos deben incluir la perspectiva de género y el enfoque diferencial, realizando acciones adaptadas a cada contexto que permitan a todas las personas acceder y usar el mecanismo, asegurando que todas las voces de la comunidad sean incluidas.

Por último, en la próxima década de acción de los Principios Rectores se hará necesario perfeccionar estos mecanismos para que sirvan como una alerta temprana, y su sistematización sea un elemento central de aprendizaje y de prevención, especialmente en un sector como el minero-energético caracterizado por contar con alta conflictividad.»