Los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2019, se llevó a cabo, en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil), el XXIV Congreso sobre el tema destacado “La violencia de género y la igualdad” y la Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). El día 26 de noviembre se llevaron a cabo las reuniones de las cuatro redes temáticas de la FIO (migrantes y trata de personas; mujeres; niñez y adolescencia; y, comunicadores) y los grupos de trabajo temáticos. En este marco, dio lugar la presentación a cargo de la Defensoría Pública del Ecuador y la Procuraduria Federal dos Dereitos do Ciudadao de Brasil, del trabajo emprendido en el último año del grupo de trabajo sobre derechos humanos y empresas en contextos mineros. El grupo temático lo conforman diez Defensorías del Pueblo e Institutos Nacionales de DDHH de la región, y cuenta con el apoyó de GIZ mediante su Programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos y con apoyó de la contraparte regional del Programa, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Durante 2019, las diez Defensorías del Pueblo que forman parte del grupo de trabajo (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Portugal) liderado por la Defensoría del Pueblo de Colombia, han trabajado sobre la inclusión del enfoque basado en derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental en contextos mineros, dando pie a un documento de resumen disponible en el siguiente link https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2019/11/Recomendaciones.pdf. El documento es la culminación de un trabajo de investigación, recopilación de información de cada país respectiva a la evaluación de impacto ambiental y el desarrollo de un proceso de consenso, diálogo e intercambio entre los países que culminó con el evento el 2 y 3 de septiembre en CEPAL “la inclusión del enfoque basado en derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental”.

Edmundo Antonio Dias, Procurador Federal de Bello Horizonte y Procurador Federal Adjunto de la Procuraduria Federal dos Dereitos do Ciudadao de Brasil, en su presentación de los resultados del documento antes mencionado, expuso la relevancia de la articulación de las recomendaciones consensuadas con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como el Acuerdo de Escazú). En línea con lo anterior, las recomendaciones se organizan en tres apartados principales; el acceso a la información, el acceso a la participación pública y en materia de consulta previa, libre e informada de pueblos indígenas y tribales. De igual forma, se articulan recomendaciones generales respecto del sistema de evaluación de impacto ambiental en contextos mineros para los Estados y recomendaciones para las empresas. A su vez, presentó los resultados del documento Cristhian Bahamonde, Director General de Política Pública de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, quien expresó la vital importancia de los procesos conjuntos de diálogo y construcción entre las Defensorías, GIZ y CEPAL.

Durante la XXIV Asamblea General de la FIO, se eligió en el pleno el nuevo Presidente de la FIO para los próximos dos años, el señor Jordán Rodas Andrade, Ombudsman y Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.

Fuente: http://www.portalfio.org/noticias/asamblea-general-2019-fio-rio/