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Desafíos urgentes en la encrucijada de empresas, derechos humanos y medio ambiente: Reflexiones desde el VIII Foro Regional sobre empresas y derechos humanos

By 30 octubre, 2023 No Comments
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Por Cristina Muñoz, asesora técnica del programa MinSus, de la GIZ

Octubre 2023

Columna de reflexión

Entre el 10 y 12 de octubre, Santiago de Chile fue sede del VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe (ALyC). Bajo el lema “Tendiendo puentes entre las empresas, los derechos humanos y el derecho a un medio ambiente sano”, el evento reunió a gobiernos, empresas, la sociedad civil, pueblos indígenas, organizaciones de trabajadores y organismos internacionales.

El Foro fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en colaboración con la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo y con el apoyo de la Unión Europea a través del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC).

En esta, su octava edición, el foro puso en marcha una nueva metodología que fomentó la participación del público, permitiendo acoger los desafíos e impresiones de un mayor número de personas, sectores y realidades en materia de impactos de derechos humanos en contextos empresariales.

Bajo el telón de fondo de la triple crisis planetaria del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, y la urgencia de hacer frente a sus impactos, el evento se articuló principalmente entorno a:

1

La interrelación indivisible de los derechos humanos y el derecho a un ambiente sano. Aunque la protección del medio ambiente es una precondición para el disfrute de los derechos humanos, aún existen múltiples desafíos en la integración de la protección ambiental en los procesos empresariales. En este sentido, existen puentes que se pueden tender entre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en ALyC (Acuerdo de Escazú), en los Estados que lo han ratificado, y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU). El Acuerdo de Escazú, como normativa vinculante, complementa y fortalece los PRNU, como instrumento de soft law.
2

Hay un fuerte llamado por el desarrollo e implementación de leyes vinculantes de debida diligencia en derechos humanos en la región, las cuales se erigen para muchos actores como una oportunidad clave para proteger los derechos humanos. Los países europeos han ido aprobando leyes de este tipo en cascada, buscando la identificación de riesgos e impactos a lo largo de las cadenas de suministro. Éstas todavia presentan un elevado grado de disparidad en elementos clave, como su finalidad y sus obligaciones de actuar o transparentar información, y enfrentan desafíos en su implementación y fiscalización. Estas leyes se han convertido en el nuevo paradigma de las garantías de los derechos humanos. Aún existen incógnitas respecto a cómo estas leyes pueden ser implementadas para conseguir una modificación efectiva de las conductas empresariales y prevenir y evitar vulneraciones graves de derechos humanos. Estas normas, en términos generales, dan respuesta a necesidades y vacíos de información de inversionistas y consumidores sobre vulneraciones de derechos humanos en las cadenas de suministro, y no deben sustituir el rol sancionatorio de los Estados anfitriones y sus estrategias de desarrollo y protección de derechos humanos.
3

Los múltiples desafíos que persisten en la provisión de remedio y reparación de las vulneraciones ocasionadas en contextos empresariales. Debido a que ALyC concentra el 88% de los crímenes de defensoras y defensores del ambiente y los derechos humanos del mundo, se instó al desarrollo de una protección reforzada urgente para este grupo vulnerable. En este sentido, el Proyecto MinSus junto a Acción Empresas (www.accionempresas.cl/) y la Sociedad Nacional de Minería de Chile (www.sonami.cl) organizó, en el marco del foro, un evento paralelo con empresas mineras de la región andina sobre mecanismos acceso a remedio y reparación, siendo este el pilar de los PRNU que mayores desafíos presenta. Cada vez existen más mecanismos operacionales y ahora se requiere avanzar en su gestión interna, difusión y reconocimiento al más alto nivel de las empresas.

Los eventos de la semana contaron con una amplia participación de representantes de pueblos indígenas y tribales de la región, con demandas claras en torno a la implementación efectiva de la consulta previa, libre e informada; la ratificación del Acuerdo de Escazú; el desarrollo e implementación efectiva de mecanismos de reparación; la devolución de tierras y su participación en los Planes Nacionales de Acción de Empresas y Derechos Humanos y los proyectos de desarrollo.

El Foro hizo un llamado al desarrollo de un diálogo multiactor, cada vez más profundo, más auténtico y simétrico entre los actores. Para eso se requiere una mayor presencia activa de empresas, inversionistas y Estado, especialmente de los gobiernos subnacionales, provinciales y locales.

Aunque en materia de empresas y derechos humanos existen mensajes en ocasiones irreconciliables entre actores, también se van consolidando consensos generales sobre los que se puede construir, especialmente en relación a la insuficiencia de las medidas voluntarias de debida diligencia para garantizar la rendición de cuentas de parte de las empresas. El Foro y la semana de eventos dejan mensajes esperanzadores y ahora toca llevar la intención a la acción y la práctica.

Puede revisar más detalles del Foro en el reciente video subido por el CERALC.

MINSUS