Estos resultados son parte de un estudio financiado por el Proyecto MinSus, que se lanzará en las próximas semanas, los que fueron presentados en una actividad paralela del Foro de la OCDE sobre responsabilidad en las cadenas de suministro de minerales.

El webinario “¿Cómo se comparan las normativas mineras de la región Andina con las directrices de diligencia debida de la OCDE y las normas voluntarias internacionales?” se realizó el pasado 22 de mayo y contó con la participación de autoridades gubernamentales, miembros gremiales de la industria minera y expertos y expertas de la academia de Chile y Colombia.

La actividad, organizada por la CEPAL y el Proyecto MinSus-GIZ, se enmarca en el 17º Foro de la OCDE sobre responsabilidad en las cadenas de suministro de minerales que este 2024 se desarrolló en París, Francia, y que tiene como objetivo abordar prioridades emergentes y tradicionales en la promoción de cadenas de suministro responsables, con un enfoque en la coherencia de políticas y la sostenibilidad en el sector minero.

El webinario fue inaugurado por el jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, Carlos de Miguel, quien basó su presentación en la relevancia de contar con una transición justa para la región Andina, considerando la concentración de minerales críticos en países como Argentina, Bolivia, Chile y México.

Posterior a la inauguración de Carlos de Miguel, el oficial adjunto de asuntos económicos de la CEPAL, Martin Kohout, presentó un panorama general de las iniciativas globales relevantes para la promoción de la minería responsable en los países andinos. La presentación de Kohout ahondó en las leyes y normativas vigentes de la región, concluyendo que la adopción de las certificaciones en los países andinos es desigual, esto aun considerando que las leyes de debida diligencia y las certificaciones pueden estimular mejoras a nivel empresarial en el sector minero.

Otra de las presentaciones estuvo a cargo del director de Desarrollo en Derecho de la Universidad Católica de Chile, Juan Eduardo Ibáñez, que mostró un adelanto de los resultados de un estudio comparativo entre la normativa de Chile y Perú y el estándar IRMA, en el que se tomaron los 426 indicadores de IRMA y se analizó si estos estaban cubiertos en las legislaciones chilena y peruana. El estudio, realizado por 10 expertos y expertas de ambos países concluye que existen brechas evidentes que se agrupan en tres ejes principales: 1) conducta empresarial responsable: estándares que no están presentes en la legislación local; 2) normas vinculadas a impactos ambientales y 3) participación significativa de los grupos de interés.

Además, el documento expresa que un 53% de los requisitos de IRMA son más exigentes que la normativa chilena, un 11% son catalogados como “no cubiertos en la norma nacional” y solo un 29% son equivalentes; si hablamos de Perú, presenta unos resultados levemente mejores, con un 45% de los 426 requisitos de IRMA categorizados como “más exigentes”, un 13% “no cubierto” y un 33% equivalente. Este estudio, en su versión final, será presentado en las próximas semanas y estará disponible en nuestro sitio web.

Luego de las presentaciones, existió un diálogo de expertos y expertas, integrado por Ibáñez, la vicepresidenta de la Asociación Minera de Colombia, Ana Maria Zamora; la jefa de la División de Promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Chile, Carla Moscoso y el analista de políticas de la OCDE, Sebastián Weber. Durante la “mesa redonda”, que se extendió por cerca de 30 minutos, las y los expertos respondieron preguntas sobre las normativas mineras de la región Andina y las directrices de diligencia debida de la OCDE, según sus áreas de expertise, coincidiendo en la relevancia de los estándares y las legislaciones que impulsen una minería responsable.

Las palabras de cierre del evento fueron entregadas por el asesor principal del Proyecto MinSus, Nicolas Maennling, quién destacó la relevancia de otras certificaciones -además de IRMA- como ICMM y The Copper Mark. Maennling cerró su intervención sosteniendo que existe mucho trabajo por realizar en materia de normativas, certificaciones y legislaciones, enfatizando en lo que calificó como “un proceso de consolidación” entre los estándares, las iniciativas voluntarias de las empresas y las leyes emergentes en los países de la región.