Según los datos del Responsible Mining Index 2022, el progreso en los últimos dos años en materia de género de las empresas mineras ha sido mínimo, habiendo solo un incremento del 2% de media en las empresas en este componente desde el informe 2020, aun siendo las empresas evaluadas, aquellas con mayores recursos en la industria.

Si bien se han realizado múltiples avances en materia de género en el sector, aún persisten brechas en relación con el empleo, la participación, la toma de decisiones y el goce igualitario de los beneficios de este sector estratégico en el contexto actual. Pese a que los términos “mujer” y “género” se mencionan decenas de veces en los documentos de las empresas, las acciones concretas en materia de género en el sector, especialmente a nivel de mina, son limitadas.

Según el Responsible Mining Foundation, una de las razones por las que los temas de género son a menudo descuidados, se debe a los marcos normativos y regulatorios de los países productores, que rara vez incluyen disposiciones para la acción en materia de género.

En los últimos años, en la región andina, se han desarrollado varias políticas sectoriales mineras con enfoque de género. Sobresale el caso de la elaboración de la Política Nacional Minera 2050 de Chile y los Lineamientos de Género para el Sector Minero Energético de Colombia. A su vez, Argentina cuenta con un gabinete de género que busca implementar y transversalizar políticas productivas con enfoque de género, y lanzó en 2020 su Plan de Desarrollo Productivo con enfoque de género 2020-2021.

En el caso chileno, se ha apostado por desarrollar una política sectorial minera transversalizando el enfoque de género a lo largo de la misma. Por otro lado, Colombia ha optado por desarrollar una política de género específica para el sector con indicadores, metas y lineamientos específicos.

Como se observa por la insuficiente acción y efectividad de las empresas en este campo, desde el sector público se necesita contar con políticas con enfoque de género, de forma transversal, para el sector minero que permitan establecer al menos unos mínimos que impulsen a las empresas a generar:

• Procesos de capacitación inclusivos que permitan retener talento;
• Promover alianzas entre el sector público, privado y académico para impulsar el número de mujeres que acceden a carreras técnicas y STEM;
• Promover espacios de trabajo seguros y respetuosos; y,
• Promover políticas de conciliación efectivas, entre otros factores críticos.

Lo anterior, sumado a las aspiraciones del país de convertirse en miembro de la OCDE, hace favorable el necesario desarrollo de políticas y marcos regulatorios en materia de transparencia y de acceso a la información, participación comunitaria en la toma de decisiones, y mecanismos de reclamo, reparación y no repetición, entre otros factores subyacentes a la elevada conflictividad asociada al sector extractivo.

Las políticas, lineamientos y programas públicos son esenciales para avanzar más allá de las buenas prácticas aisladas que la industria recopila. La mayoría de estas buenas prácticas se encuentran en las empresas de mayor tamaño, que cuentan con capitales y casas matriz extranjeras que generan obligaciones en la materia. Necesitamos por ende avanzar en conseguir estándares homogéneos en la materia en el sector incluyendo a las medianas y pequeñas empresas.

A su vez, más esfuerzos concretos son requeridos en relación con la minería artesanal y de subsistencia, debido a que es en este sector en donde acontecen serios impactos ambientales negativos y vulneraciones a los derechos humanos.

Incluso para aquellos países y ministerios sectoriales que cuentan con políticas de género, persisten desafíos:

• Se necesita contar con un presupuesto específico y autónomo para impulsar la materia y promover la recolección de datos desagregados, el monitoreo y el análisis de impacto de estas políticas.
• En general, estas políticas son de alcance nacional. Se necesita operacionalizarlas y adaptarlas a territorios concretos. Un estudio del NRGI y el World Resources Institute encontró que la mayoría de las políticas del sector minero no abordan las dimensiones de género en los impactos locales.
• Fortalecer y promover la coherencia institucional interna entre las políticas de género y otras políticas del sector en materia ambiental, de cambio climático y/o derechos humanos.
• Lograr transversalizar el enfoque de género en todas las políticas del sector y en el trabajo diario de los ministerios sectoriales y lograr que esto permee en sus entidades adscritas y posteriormente en empresas y gremios.
• Desarrollar políticas con enfoque de género adaptadas a los nuevos desarrollos vinculados con la minería del futuro, la aceleración de las nuevas tecnologías y los procesos de digitalización y automatización, y sus impactos y beneficios diferenciados por género.

Aunque inicialmente era necesario sensibilizar a las planas ejecutivas, líderes gremiales y actores políticos respecto de la necesidad de promover la incorporación de mujeres al sector; actualmente, junto a profundizar lo anterior, se requiere superar la existente brecha de implementación entre las políticas y las declaraciones de intenciones y la acción. Un informe del Natural Resource Governance Institute (NRGI), señala la falta de capacidad y de voluntad política como un problema común, que a menudo se traduce en una aplicación ineficaz y un débil cumplimiento de estas políticas.

La igualdad de género es una condición del desarrollo y debe ser una prioridad para el sector para mantener la licencia social para operar y lograr incluir a las mujeres como parte activa del territorio.

Foto cortesía: Ministerio de Minería de Chile.