El documento examina casos en territorios como La Guajira, Magdalena Medio y Chocó, donde los conflictos por los recursos naturales, los derechos de las comunidades y el medio ambiente siguen siendo un reto para el país.

Bajo el nombre ‘Conflictividad social en el sector minero-energético en Colombia’, la Defensoría del Pueblo de ese país, con el financiamiento del Proyecto MinSus, publicó un análisis detallado que explora este fenómeno, el cual afecta el desarrollo económico, la soberanía energética del país y los derechos de las comunidades locales. En sus más de 300 páginas, el documento profundiza en cómo las tensiones entre territorio, medio ambiente y desarrollo están dando forma al futuro energético colombiano, en un escenario marcado por el cambio climático y la transición hacia energías limpias.

Este estudio busca llenar un vacío de información sobre los conflictos en el área, identificando los riesgos sociales, culturales y económicos que afectan los derechos humanos en el marco de estas actividades. En ese marco, la Defensoría Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social monitoreó los conflictos del sector minero-energético entre 2022 y 2024, registrando numerosos casos que involucran a actores con intereses opuestos a estas actividades extractivas.

El informe analiza en detalle la conflictividad social en tres territorios específicos: La Guajira, enfocada en la explotación de carbón térmico y proyectos de transición energética; Magdalena Medio, relacionado con la explotación de hidrocarburos y minería aurífera a pequeña escala; y Chocó, donde la minería aurífera y cuprífera está estrechamente vinculada con el conflicto armado.

En cuanto a las conclusiones del documento, se destacan las raíces históricas de los conflictos en este sector en Colombia, las cuales se manifiestan en tres formas de injusticia: distributiva, procesal y restaurativa. A pesar de los avances jurisprudenciales en el reconocimiento de los derechos de pueblos étnicos y comunidades campesinas, el informe indica que aún existe una falta de desarrollo normativo en torno a otros grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, las juventudes y las personas con orientación sexual e identidad de género diversa.

El texto, además, busca ser un aporte para prevenir, gestionar y transformar las conflictividades sociales, promoviendo la protección de los derechos humanos colectivos, ambientales y los de las comunidades vulnerables afectadas por la actividad minero-energética. Esto resulta especialmente relevante en zonas de alta conflictividad, como la Amazonía colombiana, donde la minería ilegal ha devastado a las comunidades locales y al medio ambiente, alimentando además economías ilícitas controladas por actores armados.

El documento también subraya que el marco normativo de la minería en Colombia, actualmente regido por el Código de Seguridad Minero (Decreto 1886 de 2015), ha evolucionado desde su anterior versión de 1987, aunque persisten desafíos en la obligatoriedad de las normas internacionales y en la implementación efectiva de las regulaciones nacionales. Las Altas Cortes de Colombia han jugado un rol crucial en la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades, interviniendo en numerosos conflictos socioambientales.

Las conclusiones preliminares del informe resaltan la necesidad de un enfoque integral que aborde no solo los aspectos normativos, sino también las dimensiones de justicia ambiental y participación ciudadana. La conflictividad social en el sector minero-energético seguirá siendo un desafío en Colombia mientras no se resuelvan las injusticias relacionadas con la distribución de beneficios, el acceso a la participación en decisiones clave y la restauración de los derechos vulnerados.

El informe concluye que la búsqueda de soluciones pasa por fortalecer el marco normativo y jurisprudencial en línea con el espíritu de la Constitución Política de Colombia, asegurando la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y las comunidades afectadas.

Para conocer en detalle este análisis y las conclusiones preliminares, se invita a la ciudadanía a descargar el documento “Conflictividad social en el sector minero-energético en Colombia”.