Análisis, sistematización y comparación de los mecanismos de acceso a reclamo por actividad minera en la región andina

En este trabajo se abordan los siguientes ODS:

ODS 15
ODS 16
ODS-17

Marzo 2021

El estudio recopila los diversos mecanismos de acceso a reclamo estatales -tanto judiciales como no judiciales- y no estatales existentes en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, vinculados a los impactos generados por las actividades mineras, además de los desafíos y nudos críticos a escala regional, los que permiten identificar espacios de intervención y mejora futura.

Como parte de las actividades del programa MinSus en su componente de derechos humanos y fortalecimiento de los mecanismos de acceso a reclamos en el sector minero, es que junto al Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables CREER, e investigadores y académicos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, se elaboró el documento “Análisis, sistematización y comparación de los mecanismos de acceso a reclamo en la región andina”.

El estudio, que además cuenta con resúmenes ejecutivos en inglés y español, ofrece un completo catálogo de los mecanismos de reclamos existentes en cada país andino, además del análisis, identificación de desafíos y recomendaciones sobre cómo asegurar el acceso a estos mecanismos de forma transversal y complementaria con miras a la resolución, transformación y prevención de conflictos en la minería.

Cristina Muñoz, asesora técnica de MinSus, agregó que “el documento presenta datos únicos de los tipos de reclamos existentes por país, las vías de reclamo más utilizadas y los temas más abordados, entre otros ejes claves que permiten visualizar el diagnóstico del estado del acceso a reclamos en la región. Los desafíos y nudos críticos identificados a escala regional permiten identificar espacios de intervención y mejora futura”.

La asesora destacó además que el estudio se engloba en los esfuerzos de MinSus de promover y capacitar en el marco de derechos humanos y empresas, en línea con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los pilares de proteger, respetar y remediar.

Principales hallazgos y desafíos

Entre los principales hallazgos del documento destacan que, dentro de los 157 casos de alegaciones por violaciones de derechos humanos que contienen la base de datos Corporations and Human Rights sobre el sector minero, la mayoría se concentra en Colombia y Perú.

Al analizar cómo se enfrentan las alegaciones relacionadas con las afectaciones al medio ambiente y laborales, éstas se abordan con mecanismos no judiciales de remedio, mientras que aquellas relacionadas con el desarrollo, la salud y la integridad física tienden a ser tramitadas por la vía judicial. Esto explica la alta judicialización de estos casos en la región, especialmente en Colombia.

Además, en el sector minero hay una concentración de alegaciones relacionadas con los temas de desarrollo y el medio ambiente, siendo la tierra y el agua los recursos más afectados por las operaciones mineras, mientras que los principales afectados por las violaciones a los derechos humanos relacionadas con la actividad minera son las comunidades locales, quienes concentran 116 casos.

Muñoz recalcó la necesidad de acercar físicamente la oferta de mecanismos operacionales para facilitar el acceso por parte de los usuarios, con el objetivo de incrementar la confianza y legitimidad del proceso. “Especialmente en el actual contexto vinculado con los efectos de la pandemia global generada por el COVID-19, se requiere fortalecer y adecuar el uso de la digitalización y de las nuevas tecnologías para promover el acceso a los mecanismos de reclamo”, señaló la asesora.

En ese sentido, la investigación reveló que todavía existe una falta de conocimiento especializado del marco de derechos humanos y empresas y de derecho ambiental, y que existe un contexto de desconfianza hacia las empresas mineras que imposibilitan sacarles el máximo provecho a los mecanismos de reclamo de las propias empresas, para así evitar que los conflictos escalen y se judicialicen.

“Con el documento se ha buscado aumentar la difusión sobre la oferta estatal y empresarial, pero aún queda mucho trabajo por delante”, dijo la asesora técnica de MinSus. “Entre ello, falta promover la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque diferencial, incrementar y mejorar la coordinación interinstitucional, facilitar y mejorar el acceso a remedio y articular la oferta institucional con la oferta empresarial, entre otros”.

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