Los pasados 14, 15 y 16 de agosto se reunieron en las instalaciones de la CEPAL en Santiago de Chile representantes de las defensorías del pueblo o instituciones nacionales de derechos humanos de 10 países iberoamericanos, para discutir sobre la defensa de los derechos humanos en el sector minero. Tales instituciones, como garantes de la vigencia y protección de los derechos fundamentales, juegan un papel esencial desde sus roles y mandatos institucionales en la promoción de una minería respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente. La región cuenta ya con experiencias de actuación defensorial que han permitido una atención importante en favor de los derechos, evidenciándose las fortalezas de su participación como aliados para la consecución de un desarrollo sostenible. La reunión fue organizada por la CEPAL en conjunto con la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la GIZ por medio de sus programas PROFIO y MinSus.

Las discusiones giraron en torno a las atribuciones de estas instituciones para acompañar procesos tales como la consulta previa, y actuar en defensa de derechos ambientales. En este último tema, la CEPAL presentó un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región (conocido como Acuerdo de Escazú). Las Defensorías del Pueblo tendrán un nuevo instrumento legal para defender los derechos humanos y promover una minería más responsable y respetuosa de esos derechos y del ambiente.

En la sección Publicaciones encuentre el documento “Recomendaciones para la incorporación del enfoque de empresas y derechos humanos en la gestión defensorial en contextos mineros – Experiencias institucionales de las oficinas de ombudsman de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Portugal”.